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ICOs: las claves para entender su situación regulatoria

17/12/2018

Las Initial Coin Offerings, ICOs en adelante, no son más que nuevas formas de financiación con unas características especiales como son: la utilización de la criptografía y la tecnología blockchain; ya que los tokens emitidos se registran criptográficamente y, normalmente, las aportaciones se realizan mediante criptodivisas.

Todavía no existe un marco regulatorio que garantice cierta seguridad ante estas incipientes nuevas formas de financiación, aunque los security tokens, considerados como títulos-valor o 'activos financieros negociables' sujetos a la normativa del mercado de valores, son una de las categorizaciones sobre las que varias autoridades financieras -como la americana Securities Exchange Comission (EC), la suiza Finantial Market Supervisory Authority (FINMA), la alemana Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), e incluso la propia European Securities Market Authority (ESMA)-, han empezado a trabajar para alcanzar puntos en común.

El debate estriba en cuándo y cómo estas emisiones deben someterse a la normativa del mercado de valores y la supervisión del sector financiero, teniendo en cuenta que pueden dirigirse a un público general que requiere un mayor nivel de protección, con el objetivo de garantizar los estándares mínimos y protección de los inversores.

¿Cómo equiparar estas emisiones a los estándares propios de una Oferta Pública de Valores (OPV)?

En la Propuesta de Reglamento de la Comisión Europea relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas (European Crowdfunding Service Providers - ECPS) en el marco del denominado FinTech Action Plan, se reconoce la necesidad de establecer un marco jurídico para las ICO.

A expensas de cómo terminen de armonizarse los estándares regulatorios en el ámbito europeo, las Plataformas de Financiación Participativa (PFPs) se perfilan como entidades especializadas en servicios de financiación participativa que permitan rebasar el bloqueo legislativo actual en el marco nacional. Esta posibilidad pondría al alcance de las empresas que lo consideren, una vía de financiación alternativa y cobertura jurídica a la innovación tecnológica.

Las PFPs reguladas en la Ley 5/2015, de 27 de abril, serían las entidades homólogas de las ECPS europeas, aunque todavía están limitadas en sus funciones. Una reforma legislativa, podría permitir la articulación de ICOs a través de estas plataformas, siempre bajo la supervisión de los organismos regulatorios oficiales, como la CNMV en nuestro país, o la ESMA en el ámbito europeo.

Francia o Corea del Sur, a la vanguardia de la regulación

El gobierno francés anunció el pasado mes de septiembre que la Autorité des Marchés Financiers, la institución francesa reguladora de los mercados de valores, iba a ser el órgano facultado para otorgar licencias a las empresas que quieran recaudar fondos a través de las ICOs, medida que, reconocieron, esperan atraiga inversión al país galo. Asimismo, y tal y como avanzó en su momento el presidente de la República, Emmanuel Macron, Francia está lista para la “revolución blockchain”. En este sentido, endurecieron la regulación que gira en torno a la criptotributación (la tributación a la comercialización de Bitcoin pasó de ser un impuesto progresivo que rondaba el 14% a establecerse como uno fijo al 19%).

Por su parte, el presidente del Comité de Política Nacional de la República de Corea, Min Byung- Doo, anunció en octubre de 2018, en sesión plenaria en la Asamblea Nacional, que presentará un proyecto de regulación para la ICO. “La regulación es necesaria, es la única forma de legitimar el mercado y permitir a los inversores generar confianza hacia las criptomonedas. El gobierno no puede dejar atrás las ICO”, anunció. De este modo, Corea del Sur vira su estrategia, que pasaba en 2017 por prohibir las ICO como medida de protección a los usuarios y a la economía interna.

Autor: Bankia Fintech.